Hace dos semanas se levantaba en España una gran expectación ante la enérgica protesta del ayuntamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz) por el hecho de que la Sociedad General de Autores y Editores le reclamase un dinero en concepto de los derechos de autor derivados de la actividad cultural del municipio. El hecho, que no es la primera vez que sucede, sorprende aún más cuando se van leyendo las diferentes declaraciones de las personas que se implican en dicho hecho.
El alcalde de Zalamea de la Serena protestaba porque la SGAE le reclamara entre 12.000 y 14.000 euros, según él, por la representación (que realizan tradicionalmente vecinos del mismo municipio de manera aficionada) de la obra “El alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca. Al alcalde se le llenó la boca en todos los medios de comunicación con que era un atraco que la SGAE le hiciera pagar por lo que él consideraba la historia de su pueblo. Hasta aquí, la cosa podía ir bien. Pero sigamos.
Resulta que la obra que representan, de Calderón de la Barca, sí, y por tanto exenta de derechos de autor, es una adaptación que hizo un autor, Francisco Brines y que se viene representando 16 años en la localidad, y que, ésta sí, requiere del pago de unos derechos de autor. ¿Por qué estos derechos? Cuando un autor escribe una obra puede cobrarla o no, editarla o no, pero por ley adquiere unos derechos sobre esa obra. Él es el padre de esa obra y, por tanto, puede decidir qué hacer con ella. Pongamos que una compañía de teatro coge “prestada” la obra y, sin autorización del autor, la representa, modificándola en lo que quiera o, cuanto menos, cobrando un dinero por una historia que la pensó, maduró y desarrolló otra persona que no va a ver ni un euro de esa representación. ¿No sería justo que ese autor cobrase algo por participar con su obra a que esa compañía gane dinero? A mí, sinceramente, no me parece nada descabellado. Y sí, puede que Calderón de la Barca contase un episodio de la historia del pueblo, pero fue él quien se molestó en sentarse y elaborarla en formato de texto dramático; por tanto, ya no es la historia del pueblo, es una obra literaria basada en un acontecimiento real; y además, esa obra fue adaptada por un autor para su representación actualizada por los habitantes del pueblo. ¿Alguien se cree, por tanto, que se puede decir que se está representando la historia del pueblo? No, en todo caso se podrá estar representando una obra dramática realizada (más o menos fidedignamente) a partir de un acontecimiento real ocurrido en la localidad.
Pero la historia no acaba ahí. Resulta que de esa cantidad inicial, sólo 95 euros, según parece, corresponde al teatro, y el resto a deudas en concepto de derechos de autor por todos los actos culturales realizados en el municipio durante 11 años. La cosa, por tanto, ya no es como parecía al principio.
Dos días después, el 15 de agosto, aparece en la prensa que otro municipio, Fuente Obejuna (Córdoba) se suma a las protestas de Zalamea por la representación (en similares circunstancias) de Fuenteovejuna, de Lope de Vega. En este caso, se demuestra, y así lo reconoce la SGAE, que esta representación está exenta del pago de derechos porque la adaptación corresponde a un autor que no es miembro de la SGAE; pero el hecho es que tras esa protesta se encuentra la negativa a pagar una deuda contraída con el ayuntamiento por 31.000 euros producida por las diferentes actividades culturales y festivas realizadas en el municipio, nuevamente, desde 1998. Se suceden descalificaciones por parte de los responsables políticos hacia la sociedad de gestión (incluso acusando de querer cobrar un impuesto revolucionario, cuando no es ningún impuesto) sin llegar a considerar en todo momento que, guste o no, la función que desarrolla esa sociedad de gestión está amparada por la Ley de Propiedad Intelectual y que desarrollan una importante labor para los profesionales de la autoría, por ellos mismos reconocida.
Y cuando parecía que todo comenzaba a solucionarse, surge otra voz, esta vez desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, acusando a la SGAE de un apetito voraz, e incluso amenazando de una posible futura insumisión por parte de los ayuntamientos. En definitiva, se queja de los importes que los ayuntamientos deben pagar en concepto de derechos de autor por todas las actividades culturales y lúdicas del municipio. Pero, esta vez, no se tiene en cuenta ni en consideración que los municipios, a la hora de programar y presupuestar sus actividades, deberían contar con ese gasto, recogido por la ley, como un elemento más de la planificación municipal; y, por otro lado, tampoco tiene en cuenta que las tarifas que aplica la Sociedad General de Autores fueron acordadas colectivamente a través de un convenio suscrito por la SGAE y la Federación Española de Municipios y Provincias en 1996.
Esta historia, en la que me he alargado demasiado, no hace sino manifestar importantes carencias. Por un lado, la de algunos responsables políticos que muestran un total desconocimiento de la legislación sobre propiedad intelectual (tanto la filosofía de la misma como su aplicación); su menosprecio (o cuanto menos neutralidad) con respecto a los autores y creativos, que pese a que dicen que en ningún momento van en contra de ellos sí que van en contra de sus intereses; una mala planificación económica al no tener en consideración esos importes; y un cierto poco respeto al tratar de levantar a la opinión pública en contra de una sociedad de gestión que, podamos estar más o menos de acuerdo con su funcionamiento, está amparada por la ley y por los propios socios que forman parte de ella.
Pero, en el lado contrario, este hecho también demuestra un desconocimiento por parte del total de la población de la filosofía y aplicación de la ley y del funcionamiento de las sociedades de gestión. Si, efectivamente, la SGAE permite facilitar el cobro y pago de derechos de autor, considero que debería hacer un esfuerzo importante para dar a conocer su funcionamiento y razón de ser. La SGAE ha de comunicarse hacia afuera, entre profesionales de la política y la gestión cultural, pero también entre los ciudadanos de a pie, para poder evitar la imagen de “chupones y golfos” que se le ha adjudicado.
De todas formas, éste es un tema recurrente. Seguro que el año próximo, a más tardar, volvemos a oirlo.
El alcalde de Zalamea de la Serena protestaba porque la SGAE le reclamara entre 12.000 y 14.000 euros, según él, por la representación (que realizan tradicionalmente vecinos del mismo municipio de manera aficionada) de la obra “El alcalde de Zalamea” de Calderón de la Barca. Al alcalde se le llenó la boca en todos los medios de comunicación con que era un atraco que la SGAE le hiciera pagar por lo que él consideraba la historia de su pueblo. Hasta aquí, la cosa podía ir bien. Pero sigamos.
Resulta que la obra que representan, de Calderón de la Barca, sí, y por tanto exenta de derechos de autor, es una adaptación que hizo un autor, Francisco Brines y que se viene representando 16 años en la localidad, y que, ésta sí, requiere del pago de unos derechos de autor. ¿Por qué estos derechos? Cuando un autor escribe una obra puede cobrarla o no, editarla o no, pero por ley adquiere unos derechos sobre esa obra. Él es el padre de esa obra y, por tanto, puede decidir qué hacer con ella. Pongamos que una compañía de teatro coge “prestada” la obra y, sin autorización del autor, la representa, modificándola en lo que quiera o, cuanto menos, cobrando un dinero por una historia que la pensó, maduró y desarrolló otra persona que no va a ver ni un euro de esa representación. ¿No sería justo que ese autor cobrase algo por participar con su obra a que esa compañía gane dinero? A mí, sinceramente, no me parece nada descabellado. Y sí, puede que Calderón de la Barca contase un episodio de la historia del pueblo, pero fue él quien se molestó en sentarse y elaborarla en formato de texto dramático; por tanto, ya no es la historia del pueblo, es una obra literaria basada en un acontecimiento real; y además, esa obra fue adaptada por un autor para su representación actualizada por los habitantes del pueblo. ¿Alguien se cree, por tanto, que se puede decir que se está representando la historia del pueblo? No, en todo caso se podrá estar representando una obra dramática realizada (más o menos fidedignamente) a partir de un acontecimiento real ocurrido en la localidad.
Pero la historia no acaba ahí. Resulta que de esa cantidad inicial, sólo 95 euros, según parece, corresponde al teatro, y el resto a deudas en concepto de derechos de autor por todos los actos culturales realizados en el municipio durante 11 años. La cosa, por tanto, ya no es como parecía al principio.
Dos días después, el 15 de agosto, aparece en la prensa que otro municipio, Fuente Obejuna (Córdoba) se suma a las protestas de Zalamea por la representación (en similares circunstancias) de Fuenteovejuna, de Lope de Vega. En este caso, se demuestra, y así lo reconoce la SGAE, que esta representación está exenta del pago de derechos porque la adaptación corresponde a un autor que no es miembro de la SGAE; pero el hecho es que tras esa protesta se encuentra la negativa a pagar una deuda contraída con el ayuntamiento por 31.000 euros producida por las diferentes actividades culturales y festivas realizadas en el municipio, nuevamente, desde 1998. Se suceden descalificaciones por parte de los responsables políticos hacia la sociedad de gestión (incluso acusando de querer cobrar un impuesto revolucionario, cuando no es ningún impuesto) sin llegar a considerar en todo momento que, guste o no, la función que desarrolla esa sociedad de gestión está amparada por la Ley de Propiedad Intelectual y que desarrollan una importante labor para los profesionales de la autoría, por ellos mismos reconocida.
Y cuando parecía que todo comenzaba a solucionarse, surge otra voz, esta vez desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, acusando a la SGAE de un apetito voraz, e incluso amenazando de una posible futura insumisión por parte de los ayuntamientos. En definitiva, se queja de los importes que los ayuntamientos deben pagar en concepto de derechos de autor por todas las actividades culturales y lúdicas del municipio. Pero, esta vez, no se tiene en cuenta ni en consideración que los municipios, a la hora de programar y presupuestar sus actividades, deberían contar con ese gasto, recogido por la ley, como un elemento más de la planificación municipal; y, por otro lado, tampoco tiene en cuenta que las tarifas que aplica la Sociedad General de Autores fueron acordadas colectivamente a través de un convenio suscrito por la SGAE y la Federación Española de Municipios y Provincias en 1996.
Esta historia, en la que me he alargado demasiado, no hace sino manifestar importantes carencias. Por un lado, la de algunos responsables políticos que muestran un total desconocimiento de la legislación sobre propiedad intelectual (tanto la filosofía de la misma como su aplicación); su menosprecio (o cuanto menos neutralidad) con respecto a los autores y creativos, que pese a que dicen que en ningún momento van en contra de ellos sí que van en contra de sus intereses; una mala planificación económica al no tener en consideración esos importes; y un cierto poco respeto al tratar de levantar a la opinión pública en contra de una sociedad de gestión que, podamos estar más o menos de acuerdo con su funcionamiento, está amparada por la ley y por los propios socios que forman parte de ella.
Pero, en el lado contrario, este hecho también demuestra un desconocimiento por parte del total de la población de la filosofía y aplicación de la ley y del funcionamiento de las sociedades de gestión. Si, efectivamente, la SGAE permite facilitar el cobro y pago de derechos de autor, considero que debería hacer un esfuerzo importante para dar a conocer su funcionamiento y razón de ser. La SGAE ha de comunicarse hacia afuera, entre profesionales de la política y la gestión cultural, pero también entre los ciudadanos de a pie, para poder evitar la imagen de “chupones y golfos” que se le ha adjudicado.
De todas formas, éste es un tema recurrente. Seguro que el año próximo, a más tardar, volvemos a oirlo.
Fantástico artículo. No debemos olvidar que el derecho de autor es un derecho humano. Me sorprende que todavía exista gente que menosprecie a los autores con tanto desparpajo. La SGAE hace cosas bien y cosas mal, como todos los agentes reguladores, pero es esencial que exista un organismo así. Su gran fallo es que su departamento de Comunicación deja mucho que desear. Enhorabuena por el blog. Lo acabo de descubrir y estoy encantada. Estoy preparándome para ser gestora cultural y necesitaba un blog así. Gracias!
ResponderEliminarHe sido y soy autor y considero a la SGAE como mi sindicato de autores (podría estar en otros, pero estoy en este y me declaro razonablemente satisfecho de como protege mis derechos)por lo que la defensa de los mismos es su tarea primordial. ¿Qué rollo es ese de la voracidad recaudadora? Mientras luche por los márgenes recogidos por la ley ha de hacerlo hasta sus límites, por supuesto contemplando los casos extraordinarios y renunciando a recaudar cuando así se lo comunique expresamente el autor. Pero no con la dudas, contradicciones y rigodones con que asomó en los medios el adaptador del Alcalde de Zalamea, Francisco Brines, cuyo papelón nadie ha resaltado para no estorbar el objetivo fundamental de patear el trasero de la SGAE. Ya bastante triste es en España el oficio de escribir o componer como para despotegerlo. Es una pena la pasividad de tantos autores ante estas acometidas cuando está más que claro que si no existiera la SGAE habría que inventarla. Eso sí, es obligación de esa entidad tener una comunicación fluida y clara con la opinión pública y no esas oleaadas de comunicados en general torpes y tardíos o las intervenciones, extemporáneas algunas de ellas, de Eduardo Bautista que suelen contribuir a su desgaste personal y a dar munición a los hostiles.
ResponderEliminar¡Animo, y mejorad en eso!
Germán Alvarez Blanco
Muy bueno el artículo.
ResponderEliminarAunque habría, desde mi punto de vista que modificar algunas cosas de la normativa vigente, lo que parece que estos alcaldes olvidan es que, como parte de la Administración, deben actuar "con sometimiento pleno a la ley y al Derecho". Si quieren patalear, que lo hagan, pero sabiendo que tienen que respetar las leyes.
Gracias por vuestros comentarios y por acceder a mi modesto blog. Un saludo!
ResponderEliminarCuando la cultura y el arte se convierten en puro negocio, dejan de ser cultura y arte.
ResponderEliminarTodos estaríamos mejor sin la SGAE. Y si por falta de dinero deja de haber artistas, que los artistas dejen de existir.
Pero estoy seguro que quien quiere crear creará y quienes quieran vivir de su arte lo conseguirán.
Todo ese dinero va a unos pocos que chupan del bote.
Yo quitaría este diezmo injustificado y si algunos artistas se quedan sin un cero más en su cuenta que se ***** como el resto de los mortales. Y al que no le guste que se vaya a currar a los invernaderos, que sepan lo que cuesta ganar el dinero sin ser a costa de otros.